Transportistas extranjeros falsifican documentos para transportar ilegalmente en España

La Guardia Civil de Tráfico ha detectado la falsificación de documentos por parte de transportistas extranjeros para realizar cabotaje ilegalmente en España.

A requerimiento de varias asociaciones de transportistas integradas en la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, la Guardia Civil ha establecido durante el mes de junio, en la frontera con Portugal, un dispositivo de vigilancia y control de vehículos matriculados en países de la Unión Europea que pretendía realizar transporte interior en España.

Actualmente, la normativa europea establece que los transportistas pertenecientes a un Estado miembro sólo podrán realizar transporte en el interior de otro Estado por un plazo máximo de siete días, y siempre que sea como continuación de un transporte internacional que previamente haya realizado dicho transportista extranjero, lo que debe acreditarse mediante el correspondiente documento de transporte internacional, denominado CMR.

No obstante, durante los últimos meses los transportistas han venido detectando la presencia masiva de transportistas extranjeros que de forma permanente y continua trabajaban dentro de las fronteras españolas, en las grandes obras públicas de infraestructuras, en concreto, en las nuevas líneas del AVE y tramos de autovías que actualmente se encuentran en ejecución.

Ante la sospecha de que dichos transportistas extranjeros estuvieran trabajando ilegalmente, las asociaciones solicitaron la intervención de la Guardia Civil que, tras llevar a cabo el dispositivo mencionado, ha interceptado a varios camiones que llevaban los documentos de control CMR falsificados, ya que figuraban servicios de transporte internacional que no habían sido realizados, para realizar transporte en España al amparo de dichos documentos simulados.

Dichas actuaciones ilegales pueden dan lugar a la comisión de al menos dos infracciones muy graves a la legislación de transporte, lo que conlleva una sanción económica por cada vehículo de 8002 euros y la inmovilización del mismo.

Para Fenadismer, este hecho prueba las denuncias que vienen manifestando sobre la situación de incumplimiento generalizado de la legalidad y sensación de impunidad de los transportistas extranjeros que operan en España.

Por ello, han vuelto a solicitar al Gobierno español que promueva nuevas medidas legislativas que permitan un mayor control de la actividad desarrollada por las empresas transportistas establecidas en otros países de la Unión Europea pero que operan en España, “en muchos casos pertenecientes a empresarios españoles deslocalizados en dichos países”, aprovechando sus menores costes fiscales y laborales.

Cabe recordar que otros países europeos están aprobando medidas legislativas de control de las empresas transportistas extranjeras, como en el caso de Alemania, Francia y Noruega, para evitar las situaciones de competencia desleal, las cuales, desafortunadamente, se está produciendo en España de forma cada vez más creciente.

Fuente: Fenadismer