La Ley Macron entró en vigor el pasado 1 de Julio

La Ley Macron prevé cuantiosas sanciones para el caso de incumplir estas nuevas exigencias.

A pesar de las numerosas enmiendas presentadas al Proyecto de Ley para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades económicas y de la oposición mayoritaria del Parlamento francés, el pasado 9 de Abril era publicado en el Diario Oficial de la República francesa el Decreto nº 2016-418, de 7 de Abril, conocida como la Ley Macron, por la que se modifica el Código de Transportes francés.

La entrada en vigor de la Ley Macron supone, así, la adopción por parte de Francia de nuevas medidas de lucha contra la competencia desleal y el dumping social o trabajo ilegal que afectan, especialmente, a nuestros transportistas que realicen transporte internacional con origen o destino en Francia u operaciones de cabotaje dentro del territorio francés, es decir, transportes nacionales de viajeros por cuenta ajena realizados con carácter temporal en otro Estado Miembro, en este caso Francia, sin disponer en él de sede o de otro establecimiento.

Una vez más, grandes potencias europeas, en este caso Francia, dificultan la existencia de un mercado común regido por la libre circulación de bienes o mercancías y personas y, consecuentemente la liberalización del transporte terrestre al pretender que a partir del próximo 1 de Julio las empresas de transporte internacional de viajeros que realicen servicios discrecionales o regulares con origen o destino en Francia u operaciones de cabotaje en territorio galo tengan que acatar el salario mínimo interprofesional francés fijado a día de hoy en 9,67 €/hora brutos y, además, tengan que designar un representante legal dentro de Francia obligado a custodiar y presentar ante las autoridades francesas la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones salariales por parte del empleador. A esto debemos añadir, el incremento de burocracia para las empresas de transporte terrestre que con la entrada en vigor de la Ley Macron  tendrán que declarar cada uno de los desplazamientos que vayan a realizar a Francia con ocasión de la prestación de algún servicio en el territorio francés.

Por tanto, todo apunta a que veremos como en las próximas fechas las autoridades francesas a los controles en carretera que ya vienen realizando a los vehículos no matriculados en Francia con el objetivo de detectar posibles operaciones de cabotaje ilegal se sumarán nuevos controles en aras a verificar el cumplimiento de la Ley Macron que prevé cuantiosas sanciones para el caso de incumplir estas nuevas exigencias a las que se pretende someter a las empresas de transporte terrestre que realicen transportes internacional o cabotaje dentro del país galo.

Artículo realizado por Lorena Jimenez  (Socio Director de Valleón Asesores Legales S.L.P ) y publicado en Autobuses & Autocares .