Hoy en día, es habitual que las empresas de transporte recurran a la contratación de conductores que no pertenecen al país de residencia de las mismas -España, en nuestro caso-, incluso de fuera de la Unión Europea (este último caso es lo que se viene a denominar ‘terceros países’, a los cuales hace referencia el certificado del que hablamos).

Así, para certificar que un conductor está autorizado a conducir los vehículos que realizan transporte y evitar prácticas lesivas para la competencia, garantizándola en condiciones de igualdad para todas las empresas de transporte sea cual sea la nacionalidad de los conductores que presten servicio en ellas, como también para asegurar que todos los conductores realicen su trabajo en condiciones de igualdad, tanto salarial como laboral, sin peligro para la seguridad vial, diversos reglamentos europeos han señalado la obligatoriedad de establecer un certificado de conductores de terceros países no pertenecientes a la UE para la realización de transporte nacional de mercancías o de viajeros en autobús, ya sea éste público o privado, dictándose normas para su expedición, contenido, características y plazo de validez.

Esto ha sido desarrollado en nuestro país por la ORDEN FOM/3399/2002, de 20 de diciembre, por la que se establece un certificado de conductor para la realización de la actividad de transporte por conductores de terceros países, y que señala que “para la conducción por cuenta ajena de vehículos dedicados a la realización de transportes de mercancías o de viajeros en autobús, ya sean públicos o privados complementarios, será necesario, además de contar con la preceptiva autorización administrativa habilitante para su prestación, que cuando el conductor del vehículo sea nacional de un tercer país no perteneciente a la Unión Europea aquélla se acompañe de un certificado de conductor”.

Este certificado debe ser solicitado por las empresas que empleen a tales conductores al organismo competente de cada Comunidad Autónoma, aportando además de la correspondiente solicitud en la que figuren los datos identificativos de la empresa solicitante:

  • El documento de identidad del conductor.
  • El permiso de conducción del conductor en vigor (o, cuando se trate de un permiso de conducción expedido por una autoridad distinta a la española, el informe de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente que acredite la validez del mismo para conducir en España).
  • El número de afiliación a la Seguridad Social del conductor y justificación del alta en la Seguridad Social en la empresa o contrato visado por la autoridad laboral.

El certificado de conductor “tendrá validez de dos años o hasta que expire el plazo de validez del permiso de conducción del conductor”, y deberá ajustarse al modelo establecido en el anexo de la citada Orden.

Será propiedad del titular de la autorización de transporte, quien lo pondrá a disposición del conductor para que conduzca un vehículo al que haga referencia la misma, conservándose una copia legalizada del certificado -expedida también por el organismo competente- en los locales de la empresa. Es obligatoria su presentación siempre que así lo requieran los miembros de la Inspección de Transportes o los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la vigilancia del transporte por carretera.

Por último, la Orden indica que “la empresa transportista o titular de la autorización de transporte estará obligada a devolver al órgano expedidor, de manera inmediata, el certificado de conductor y la copia legalizada del mismo tan pronto como dejen de cumplirse las condiciones que dieron lugar a su expedición”.