Campaña de Vialidad Invernal 2014-2015 en la Red de Carreteras del Estado

Todos los tramos de carreteras de la Red del Estado tienen asignado un Nivel de Servicio, siendo prioritaria la atención a aquellas vías con mayor Intensidad de tráfico (IMD), así como las autopistas y autovías que comunican las capitales de provincia y las poblaciones de más de 20.000 habitantes.

Con esta campaña se trata de garantizar, en la medida de lo posible, el tránsito seguro en las carreteras del Estado ante situaciones de helada y nevada.

Los principales objetivos son la prevención de la formación de placas de hielo sobre las calzadas cuando se esperen heladas; la información a los usuarios de las carreteras de cualquier incidencia con la antelación suficiente; y la minimización de las perturbaciones al tránsito como consecuencia de las nevadas.

Un adecuado tratamiento de la vialidad invernal está condicionado por una predicción meteorológica certera y conocida con suficiente antelación (lo que no siempre es posible) y por las condiciones en que se produzca la nevada (intensidad de tráfico, horas punta, accesos a las grandes ciudades…)

Por ello, una de las mejores medidas a adoptar está en manos de los ciudadanos: que éstos atiendan a las recomendaciones que se hagan desde las autoridades ante situaciones meteorológicas adversas.

Asimismo, para facilitar y hacer más operativo el establecimiento de restricciones a la circulación de vehículos pesados, la Red de Carreteras del Estado cuenta con 36 aparcamientos de emergencia situados estratégicamente. En ellos, podrán estacionar de manera ordenada aquellos vehículos que tengan restringida su circulación temporalmente en situaciones de nevada.

La campaña de vialidad invernal se articula a través del Protocolo para la “Coordinación de actuaciones de los órganos de la Administración General del Estado ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la red de carreteras del Estado”, de 27 de marzo de 2009.

Los objetivos son fortalecer la coordinación entre los órganos de la Administración General del Estado entre sí, así como con las Comunidades Autónomas y las autoridades locales; establecer mecanismos de alerta y respuesta más eficaces y eficientes ante emergencias; definir claramente las responsabilidades de los diferentes involucrados; y establecer los criterios a tener en cuenta en la elaboración de los protocolos territoriales, todo ello haciendo especial énfasis en las condiciones singulares de los accesos a las grandes ciudades.

Fuente: Ministerio de Fomento

 

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