Sanciones y responsabilidades en la estiba

LA NORMA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA LA CIRCULACIÓN POR LAS CARRETERAS DE NUESTRO TERRITORIO, DETERMINA, ADEMÁS DE UNOS RESPONSABLES, UN RÉGIMEN SANCIONADOR EN FORMA DE MULTA, O INCLUSO DE INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO.

A Hemos tratado en anteriores publicaciones algunas de las cuestiones más reseñables de la entrada en vigor del nuevo régimen de inspección de la estiba, en concreto, qué vehículos se encuentran afectados, así como acerca de los diferentes regímenes de control y la clasificación de las deficiencias. Como en toda norma, se prevé además unas responsabilidades y un régimen sancionador, dirigido a promover su acatamiento bajo apercibimiento, en caso contrario, de resultar castigados. Sobre estas dos cuestiones que trataremos inmediatamente a continuación.

Sobre la primera, determina el nuevo texto en su capítulo IV, artículo 16, un régimen sancionador para el caso de incumplimiento del nuevo régimen de la estiba, y que en tal caso “será el establecido en la legislación sobre tráfico y seguridad vial”. Las sanciones, en función de la gravedad de las deficiencias, podrían alcanzar multas de hasta 500 euros en las clasificadas como “muy graves” o de 200 euros para las “graves”.

Además, se prevé fa posibilidad de adopción de medidas cautelares entre las que se incluye la inmovilización del vehículo que deberá llevarse a cabo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 104 y siguientes de la Ley de Tráfico, siempre que “el vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial”, pudiendo acordarse incluso su retirada y deposito para el caso de no cesar en las causas que motivaron la inmovilización.

En lo relativo a la responsabilidad, determina la norma en su artículo 17 que “el titular de la autorización administrativa para circular y, en su caso, el arrendatario a largo plazo del vehículo, serán responsables de mantener el vehículo en condiciones aptas para la circulación, sin perjuicio de la responsabilidad de sus conductores”, lo que supone que serán las propias empresas transportistas, sean titulares o arrendatarias a largo plazo del vehículo, las responsables de las deficiencias que se adviertan, siendo estas consecuentemente a quienes se impongan las sanciones determinadas en los dos párrafos anteriores, y ello sin perjuicio de la responsabilidad de los conductores.

Además, “el titular o arrendatario a largo plazo del vehículo y los conductores de un vehículo sometido a una inspección técnica en carretera deberán cooperar con los inspectores y facilitar el acceso al vehículo, a sus partes y a toda la documentación pertinente a fines de la inspección”, previéndose que, en los casos de inmovilización, “los gastos que se originen como consecuencia de la retirada del vehículo serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a su devolución”.